Los trabajadores del Sevicio Estatal Público de Empleo (SEPE) han pedido a los sindicatos no abrir de cara al público hasta septiembre y cuando dispongan de medios, no sólo sanitarios, sino también reforzar la seguridad de las oficinas para evitar posibles tensiones o agresiones, con miles de prestaciones aún por pagar. El coordinador nacional del sindicato CISF en el SEPE, Manuel Galdeano, se reunirá este martes con el director general del organismo, Gerardo Gutiérrez Ardoy, para tratar, entre otros temas, la fecha de la reapertura de las oficinas. 

Desde el SEPE han aplazado la vuelta al trabajo presencial para implantar un protocolo de emergencia sanitaria y de seguridad que, en estos momentos, está siendo discutido con todas las administraciones autonómicas. Entre las medidas que piden los funcionarios se encuentra la instalación de cámaras de seguridad a la entrada de las oficinas, como sucede en los bancos, y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha comunicado que informará a la Delegación del Gobierno sobre la fecha de apertura de los centros para contar con el refuerzo de la Policía. 

El SEPE ya ha hecho acopio de 1.000 mamparas de metacrilato y propone que la atención al público sea sólo con cita previa, de modo que no esté justificada la presencia de personas que no dispongan de un certificado 

Pero el criterio de apertura todavía se tiene que discutir, ya que según el Ministerio de Trabajo no habría ningún problema en que las oficinas abriesen cara al público la segunda semana de junio, "contando siempre con las medidas adecuadas de seguridad e higiene". El SEPE ya ha hecho acopio de 1.000 mamparas de metacrilato y propone que la atención al público sea sólo con cita previa, de modo que no esté justificada la presencia de personas que no dispongan de un certificado. Sin embargo, desde el sindicato CSIF aseguran que los trabajadores prefieren que la vuelta cara al público sea en septiembre, "hasta que se estabilice la carga de trabajo y se garanticen unas mínimas condiciones de seguridad no solo sanitarias, sino también físicas", explican. 

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Desde el sindicato cuestionan las cifras dadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras asegurar en el Congreso de los Diputados esta semana que "se han abonado el 98% de todas las prestaciones de los ERTE presentados desde el inicio de la pandemia". Según los datos que maneja el sindicato, todavía no se han tramitado ni medio millón de prestaciones, por lo que la avalancha y el malestar ciudadano serán evidentes. 

 Agravio comparativo   

Otro de los asuntos a tratar en la reunión entre el SEPE y CSIF será el "agravio comparativo" que se ha producido, según el sindicato, entre los funcionarios de este organismo y los del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El ministro José Luis Escrivá ha aprobado un plan de gratificaciones que fija en 21 euros la hora extraordinaria para que los trabajadores tramiten el ingreso mínimo vital (IMV). 

Un "agravio comparativo", según CSIF, cuando los funcionarios del SEPE llevan tres meses doblando turnos sin percibir ningún tipo de incentivo y sin cobrar las horas extra, tal y como publicó LPO. Además, añaden que el SEPE asumió gestionar varias prestaciones de protección extraordinarias, con motivo del estado de alarma y la crisis sanitaria, afectando a más de cinco millones de personas, "sin organizar la plantilla, ni herramientas y en tiempo récord", aseguran. 

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Fuentes sindicales afean el trato de la ministra y le reprochan que no haya pensado como su homólogo Escrivá en los trabajadores que llevan tres meses doblando turnos sin decir nada. Trabajo destaca que se han incorporado al SEPE 1.000 efectivos de refuerzo tras el estallido de la pandemia, sin embargo, desde CSIF aseguran que la incorporación del personal interino está siendo muy paulatina y hasta el momento solo se han incorporado 820 de esas 1.000 personas. 

El organismo ha tenido que afrontar una crisis sin precedentes con la plantilla en su peor momento. Ya llevan unos meses advirtiendo que el recorte de personal que ha experimentado en estos últimos años este servicio público pasaría factura y ahora demandan mejores condiciones para garantizar la seguridad sanitaria y física de todos sus trabajadores.