Coronavirus
El Gobierno de Ayuso asume que se enfrentará a una macrocausa por la gestión de las residencias
Hay varias querellas presentadas y los bufetes de abogados están preparando una ofensiva. El PP acusa a Aguado de estar detrás de las filtraciones de los protocolos

La difusión del protocolo enviado por la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recomendando a las residencias de mayores no enviar a los ancianos a los hospitales durante la crisis del coronavirus ha supuesto todo un golpe a la línea de flotación del Ejecutivo regional, que se encuentra en su momento más que delicado. Más allá del intercambio de reproches y acusaciones entre PP y Ciudadanos, socios de gobierno, en el equipo de Isabel Díaz Ayuso se asume ya que el asunto llegará a los tribunales y que no será, precisamente, un 'caso aislado': en el horizonte se atisba ya una macrocausa que puede llevar a los tribunales a la presidenta autonómica y a los consejeros implicados.

Según explican a LPO altos cargos del Gobierno regional, muy próximos a Díaz Ayuso, ya hay "decenas de querellas presentadas" y otras tantas preparándose, contra el ejecutivo autonómico por la gestión de las residencias de ancianos. Además, añaden, están trabajando en el asunto importantes despachos de abogados, que empiezan a publicitarse en la radio, para acumular al mayor número de denunciantes posible y protagonizar una oleada de denuncias contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Una estrategia que este tipo de bufetes ya han protagonizado en otras ofensivas judiciales, como las llevadas a cabo contra las cláusulas suelo de los bancos.

Lo que se buscan son indemnizaciones, no meter a nadie en la cárcel. Si se presentan muchas querellas a la vez, y la Justicia reacciona rápido, lo meterán todo en una macrocausa para aligerar

La hoja de ruta, en este caso, es similar: "Lo que se buscan son indemnizaciones, no meter a nadie en la cárcel. Si se presentan muchas querellas a la vez, y la Justicia reacciona rápido, lo meterán todo en una macrocausa para aligerar". En todo caso, y a pesar de que la motivación de las querellas sea fundamentalmente económica, el coste político para el gobierno regional puede ser también muy grande, con la citación judicial de los principales representantes del Ejecutivo. En ese sentido, se da por hecho que tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, como el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, de Ciudadanos, serán llamados por el juez. Y tampoco se descarta, ni mucho menos, que Isabel Díaz Ayuso también tenga que declarar.

De momento, este viernes, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo en la querella interpuesta por familiares de mayores en residencias contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de geriatrícos por la gestión de la crisis sanitaria en las residencias al omitir "acciones tendentes a evitar la propagación del virus". Una decisión que supone el primer frente judicial para el ejecutivo autonómico por este asunto, pero que, según las fuentes consultadas, es solo el punto de partida para "todo lo que viene".

Guerra civil entre PP y Ciudadanos

A la espera de más decisiones judiciales en ese sentido, la difusión del protocolo redactado por la consejería de Sanidad ha desatado toda una guerra civil entre PP y Ciudadanos, socios de gobierno en la Comunidad de Madrid, con un intercambio de reproches y acusaciones, con Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero como protagonistas, que pone cada vez más en cuestión la continuidad de la coalición formada hace apenas un año tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Tanto Escudero como Ayuso han alegado que el protocolo a las residencias publicado era "un borrador que se filtró". No obstante, El Español desveló con posterioridad que la orden iba firmada por el consejero del PP.

 Alberto Reyero, por su parte, aprovechó el pleno de la Asamblea de Madrid del lunes para cargar contra la consejería de Sanidad y contra los protocolos aprobados por parte de este departamento, asegurando además que él siempre se posicionó en contra. El consejero de Políticas Sociales, de hecho, ha querido demostrar la veracidad de sus declaraciones difundiendo varios correos electrónicos, firmados por él mismo, en los que se mostraba crítico con algunas de las recomendaciones a las residencias de ancianos llevadas a cabo por Ruiz Escudero.

[El entorno de Aguado, sospechoso de filtrar la exclusiva del apartamento de Ayuso]

Esta actitud, por parte del consejero de Ciudadanos, está provocando todo tipo de suspicacias en el PP de Madrid. Cargos del partido consultados por LPO afirman que, en el caso de Reyero, "llueve sobre mojado", ya que entre los populares madrileños se tiene la convicción de que fue él quien difundió el contrato de la Comunidad con Room Maté en plena polémica por el apartamento de Isabel Díaz Ayuso. El dedo acusador de estos dirigentes del Partido Popular, sin embargo, apunta aún más alto, dirigiéndose directamente a Ignacio Aguado. El vicepresidente regional ya fue el principal sospechoso de filtrar a la prensa la exclusiva sobre el hospedaje de Ayuso y ahora las fuentes contactadas advierten que "Reyero no mueve un papel sin que Aguado lo sepa y lo apruebe".

[Temor en Cs a que Aguado tome rumbo propio y apoye una moción de censura en contra del partido]

El líder regional de Ciudadanos, advierten desde el PP, quiere "jugársela" a Inés Arrimadas que, pese a su pacto con Sánchez para prorrogar el estado de alarma, descartaba una moción de censura en Madrid. Aguado, en pleno acercamiento al PSOE, podría aprovechar la crisis institucional provocada por la gestión de las residencias de mayores para tomar rumbo propio y pactar con Ángel Gabilondo. Una sospecha que, tal y como se avanzó en este diario, no es exclusiva de altos cargos del PP: también en la ejecutiva nacional de Cs ven al vicepresidente autonómico capaz de protagonizar un movimiento de estas características.

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