El Gobierno niega la crisis en Interior y atribuye el cese del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la posterior dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, a "un nuevo impulso" de los equipos directivos y a la "remodelación" del Ministerio basada "en la confianza". 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sale así al paso sobre las acusaciones vertidas tras estos ceses por la crisis institucional en el cuerpo tras la investigación judicial abierta contra el Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el pago del tercer tramo de la equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales justo horas después de que dimita el director adjunto de la Guardia Civil. 

Marlaska también ha adelantado que el nuevo máximo responsable operativo del cuerpo será el general Pablo Salas Moreno, que ocupaba el cargo de jefe del servicio antiterrorista del instituto armado. Con un impecable historial, también conocido por la detención del etarra Josu Ternera, el nombramiento de Salas conlleva su ascenso de general de división a teniente general. El ministro dijo que la dimisión de Ceña forma parte de "un proceso normal" porque estaba prevista su jubilación el pasado 23 de marzo, pero amplió su estancia debido a la crisis del coronavirus. 

Tras más de 30 años como juez, he tenido muy claro el papel de cualquier poder del estado; injerencia es una palabra que no conjugaré nunca, dice Marlaska 

Marlaska no quiso entrar si la dimisión de Ceña ha sido motivada por la salida de Pérez de los Cobos, y se limitó a decir que éste puesto se enmarca dentro de la "política razonable de constitución de nuevos equipos", ya que el alto mando fue nombrado por el PP. El ministro del Interior negó tener el informe sobre la investigación, que algunos medios le atribuyen, y aseguró que "tras más de 30 años como juez, he tenido muy claro el papel de cualquier poder del estado; injerencia es una palabra que no conjugaré nunca", sentenció. 

Equiparación salarial 

Marlaska recalcó que su comparecencia no era fruto de la crisis desatada, sino de la aprobación del tercer tramo de equiparación salarial a la guardia civil y policía nacional, que ya estaba de antes pactado para aprobarse este martes, insistió. Una iniciativa que lleva alrededor de seis meses congelada y que desde las distintas asociaciones policiales llevan tiempo reclamando. 

El Gobierno desembolsará 247 millones para equiparar el salario de policías nacionales y guardias civiles con mossos d'esquadra, pendientes de incluirse en la nómina de los funcionarios. Los efectos serán inmediatos con efectos retroactivos en la nómina de los agentes desde el 1 de enero. El Ejecutivo ya había aprobado los dos primeros tramos en 2018 y 2019 y quedaba pendiente la mencionada partida correspondiente a 2020.

Pese a la insistencia del ministro en desvincular la equiparación a la crisis institucional, en Moncloa no tenían pensado que Marlaska compareciese este martes. La rueda de prensa anunciada por la Secretaría de Estado de Comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros, solo venían reflejados los nombres de la ministra portavoz, María Jesús Montero y el de la ministra de Turismo, Reyes Maroto. El nombre de Marlaska se incluyó a última hora y tras conocerse el cese de Ceña. 

El máximo responsable operativo del instituto armado presentó este martes su renuncia un día después de que Marlaska destituyera al jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. El pasado viernes, el ministro tuvo conocimiento de que este coronel dirigía una investigación por orden del Juzgado 51 de Madrid que, según publicó El Confidencial, apuntaba a un posible delito de prevaricación llevado a cabo por el responsable de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, así como por el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. 

Según los informes presentados por los subordinados de Pérez de los Cobos, los dos altos cargos ahora cesados conocían, antes de autorizar la manifestación del 8M y otras concentraciones que tuvieron lugar esos días, el informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades que señalaba que el riesgo de contagio de la pandemia era muy elevado. 

 [La juez reprende a Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos]

"A partir del 5 de marzo no se tenía que haber celebrado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", señala un informe de la Guardia Civil presentado ante el Juzgado 51, publicado por la SER. La juez Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar en calidad de investigado por un delito de prevaricación para el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y a tres colaboradores con el fin de que expliquen hasta qué punto conocían las advertencias de Europa.