PSOE
El PSOE de Madrid defiende a Franco: "Si llega a cancelar el 8M, lo echan"
La decisión de la juez abre la puerta a una oleada de imputaciones a los delegados del Gobierno

La juez Carmen Rodríguez Medel, titular del  Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, ha citado el 5 de junio como imputado al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, a quien investiga por autorizar las manifestaciones del 8M, cuando ya había brotes de coronavirus. La jueza entiende que el actual secretario general del PSOE de Madrid ha podido cometer un supuesto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, al permitir la marcha por el Día Internacional de la Mujer pese a las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus. La decisión de la magistrada ha encendido la luz de alerta en el Ejecutivo, que teme una oleada de denuncias e imputaciones contra el resto de delegados del Gobierno nombrados por Pedro Sánchez en toda España.

Todo ello porque, según recuerdan a LPO altos cargos del PSOE, la acción judicial contra Franco se gestó a partir de una denuncia presentada en marzo por el abogado Víctor Valladares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados de Gobierno de las diferentes Comunidades Autónomas, así como Ceuta y Melilla, por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año. 

[Simón defiende que "el 8M tuvo un efecto marginal" en la pandemia y culpa al Metro de Ayuso]

Al tener solo competencias para investigar a José Manuel Franco, la instrucción de Rodríguez Medel solo alcanzó al delegado del Gobierno en Madrid. No obstante, una vez confirmada la imputación de Franco, "alguno puede animarse ha presentar denuncias en otras comunidades autónomas", y existirían precedentes para abrir nuevas investigaciones.

El asunto es preocupante tanto para Ferraz como para Moncloa. No obstante, la apuesta inicial del Ejecutivo es tratar de restar importancia a la citación de Franco. Para ello, en el PSOE se está empezando a destacar que la jueza Rodríguez Medel ya trató en su día de imputar a Pablo Casado por el 'caso Máster', dejando caer la supuesta "fijación" de la magistrada por los políticos y "sus ganas de salir en los periódicos". Además, altos cargos del PSOE de Madrid aseguran que "todo quedará en nada" una vez que Franco declare ante la magistrada, ya que "la propia acusación carece de fundamento".

[La jueza que acusó a Casado por el 'caso Máster' investigará al Gobierno por el 8M]

En ese sentido, las mismas fuentes aseguran que entre las competencias de un delegado del Gobierno está la de autorizar o no manifestaciones, basándose en criterios legales y de seguridad. Y para la del 8M "no hay ningún informe específico en el que se señalara que esa manifestación, de forma concreta, suponía un riesgo para la salud". Añaden que "nadie hubiese entendido entonces" que Franco hubiese cancelado esa concentración". Y le defienden asegurando que "toda España se hubiese puesto en su contra". 

Desde el PSOE de Madrid señalan que "si José Manuel Franco llega a cancelar el 8M, le echan", teniendo en cuenta la repercusión de una decisión de esa entidad contra una concentración respaldada masivamente por el Gobierno; la amplia mayoría de las ministras socialistas encabezaron una pancarta en la manifestación junto a la esposa del presidente, Begoña Gómez -días más tarde Calvo, Darias, Montero o la propia Gutiérrez daban positivo en coronavirus-. 

En todo caso, los dirigentes socialistas de la federación madrileña contactados aseguran que el líder del partido en la región cuenta con el apoyo del Ejecutivo, a pesar de los escasos mensajes públicos recibidos en ese sentido. De hecho, solo Fernando Simón se ha pronunciado sobre el asunto, asegurando que "el 8M tuvo un efecto marginal" en la pandemia, añadiendo además que en las semanas previas y durante esa misa jornada también se celebraron muchos otros actos.

Si José Manuel Franco llega a cancelar el 8M, le echan

El perfil bajo de Moncloa en este asunto se vincula con la intención de "no darle bola". Con ese objetivo en mente no se descarta que la defensa de Franco la lleven a cabo abogados particulares, y no la Abogacía del Estado, para dar imagen de "tranquilidad". En el Gobierno, afirman las fuentes consultadas, se tiene la confianza de que esta citación quede en "mera anécdota" y, por ese motivo, no se quiere dar sensación de nerviosismo.

Pese a ello, la amenaza de que se produzcan "réplicas" a esta denuncia en otras comunidades autónomas hace que el Ejecutivo tenga en alerta a sus servicios jurídicos, aunque la intención, insisten, es "no tener que utilizarlos en este asunto".

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.