Gobierno
El Gobierno pone en jaque la jubilación a los 60 años de 900.000 funcionarios
La aprobación del decreto 15/2020 permite que los empleados públicos pertenecientes a Clases Pasivas pasen a depender de Seguridad Social y tengan que cotizar cinco años más

Este miércoles el Congreso ha aprobado dos textos clave para el Gobierno relacionados con la crisis sanitaria del coronavirus: el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo borrador adelantó LPO y que habilita agosto en los juzgados; y el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. En este último, y ya en las disposiciones adicionales quinta y sexta del texto, se establece que el Régimen de Clases Pasivas pasa a depender de Seguridad Social, una circunstancia que abre la puerta al Gobierno para acabar con las jubilaciones a los 60 años de los 900.000 funcionarios en activo que se rigen por este régimen especial. Unos empleados públicos que, ahora, tendrían que estar cinco años más en activo... y cotizando a la Seguridad Social.

 El Régimen de Clases Pasivas es un régimen de protección de los funcionarios del Estado después de su cese por jubilación o muerte, alternativo al Régimen General de Seguridad Social. Hasta ahora, el organismo encargado de gestionar estas pensiones de jubilación era la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas integrada en el Ministerio de Hacienda. No obstante, con la creación el 13 de enero del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se empezó a preparar el traspaso de esta competencia a la cartera dirigida por José Luis Escrivá. Ahora, en pleno estado de alarma, el Gobierno ha aprovechado la redacción de un decreto de medidas económicas para acelerar esa transferencia, que plantea muchas dudas sobre la edad de jubilación de los funcionarios pertenecientes a Clases Pasivas.

Según explican a LPO desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente desde que cumplen los 60 años, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado. Los empleados públicos adscritos al Régimen General de Seguridad Social, sin embargo, solo podrán solicitar su jubilación con 65 años de edad y habiendo cotizado 37 años. Por tanto, explican, "la duda está si ahora que todas las pensiones van a depender del Instituto Nacional de Seguridad Social, va a darse por cerrado el Régimen de Clases Pasivas y, por tanto, las jubilaciones a los 60 años".

Esta duda, añaden, es "más que razonable" si se tienen en cuenta "los antecedentes" y el "interés", que "viene de lejos", de extinguir el Régimen de Clases Pasivas. Así, las fuentes consultadas recuerdan que el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero ya aprobó que, a partir del 1 de enero de 2011, todos los nuevos funcionarios ingresaran en el Régimen General de Seguridad Social, y no en el de Clases Pasivas, lo que supuso "el principio del fin de este régimen especial", al que el actual Ejecutivo "puede dar la puntilla".

Además, recuerdan desde CSIF, "Podemos siempre ha defendido acabar con las Clases Pasivas y también con las mutualidades de funcionarios como MUFACE, y la hoja de ruta parece ser esa". Por otra parte, añaden, "el actual ministro, Escrivá, ya defendió el incremento de las edades de jubilación, tanto para los empleados públicos como privados, en su etapa de presidente de la AIReF". Las cartas, por tanto, "parecen echadas en ese sentido".

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El Gobierno, además, dio otro paso decisivo en esa dirección el pasado 1 de mayo, cuando el BOE publicó el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el citado texto, se establece que "con efectos de 6 de octubre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumirá las competencias en materia de reconocimiento, gestión y propuesta de pagos de las prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuyas competencias tenga atribuidas, así como las derivadas del Régimen de Clases Pasivas del Estado". Una fecha que las fuentes consultadas no ven casual.

El Gobierno podría presentar unas cuentas en las que ya incluya a los funcionarios de Clases Pasivas en el régimen de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que el 6 de octubre ya asume su gestión

Todo ello porque, con carácter general, el Consejo de Ministros tiene que aprobar los Presupuestos Generales del Estado y remitirlos al Congreso antes del 1 de octubre para que la Cámara Baja los apruebe antes de final de año. Con estos últimos decretos, "el Gobierno podría presentar unas cuentas en las que ya incluya a los funcionarios de Clases Pasivas en el régimen de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que el día 6 de ese mes ya asume su gestión".

De momento, lo único que ha confirmado el Gobierno es que el Ministerio de Hacienda deberá transferir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los 15.500 millones para el pago de la nómina anual de un total de 637.000 funcionarios jubilados pertenecientes a Clases Pasivas. No obstante, no ha especificado qué va a pasar con los empleados públicos incluidos en este régimen y que están en activo. En total, y según las cuentas de CSIF, 900.000 funcionarios que, a día de hoy, "no saben si podrán jubilarse a los 60 años o tendrán que esperar a los 65".

Teniendo en cuenta la crisis económica que se nos viene encima, el hecho de retrasar 5 años la jubilación de cerca de un millón de personas, y que todos ellos coticen ahora a la Seguridad Social, es una tentación demasiado grande para el Gobierno

El panorama, en todo caso, no es nada halagüeño para este colectivo: "Teniendo en cuenta la crisis económica que se nos viene encima, el hecho de retrasar cinco años la jubilación de cerca de un millón de personas, y que todos ellos coticen ahora a la Seguridad Social durante todo un lustro, es una tentación demasiado grande para el Gobierno". En todo caso, desde CSIF advierten que ya tienen un recurso de inconstitucionalidad preparado para presentar ante el Defensor del Pueblo. No obstante, al haberse aprobado este miércoles que el Real Decreto-Ley se tramite de urgencia como Proyecto de Ley, "nos mantendremos a la espera de posibles cambios y aclaraciones", aunque "parece claro que la jubilación a los 60 años tiene los días contados".

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