Gobierno
Ayudas directas y menos impuestos: las medidas que piden empresarios y oposición más allá de los ERTE
Cepyme calcula que las empresas necesitan 200.000 millones a corto plazo. PP y Cs reclaman rebajas fiscales y el ex ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio advierte: "Sin liquidez, no hay nada que hacer"

Casi dos meses después de la aplicación del estado de alarma tras el estallido de la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno ha basado su política de ayudas a las empresas en la aprobación de una serie de créditos para las pymes y la apuesta decidida por los ERTE como alternativa a los despidos. No obstante, asociaciones empresariales, partidos de la oposición y hasta ex ministros de Trabajo coinciden en señalar que estas medidas solo sirven para el corto plazo y no garantizan el futuro de miles de compañías y millones de puestos de trabajo.

La primera advertencia en este sentido vino de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que antes de firmar el acuerdo con el Gobierno para prolongar la aprobación de nuevos ERTE hasta el 30 de junio y desvincularlos del estado de alarma ya señaló que las ayudas dadas desde el Ejecutivo a las empresas no estaban siendo suficientes.

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Así, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, aseguró que el paquete de avales de 100.000 millones de euros aprobado en España no cubriría las necesidades de financiación que las empresas española tenían antes del coronavirus, mientras que "en otros países, como Alemania, los paquetes de financiación aprobados por el Estado casi cuadriplicarían la necesidad de financiación que había anterior a la crisis". Por ese motivo, aseguró que, solo a corto plazo, las empresas españolas necesitan una inversión de 200.000 millones, el doble de lo ofrecido por el Gobierno.

Más allá de esta línea de créditos, Pedro Sánchez y su gabinete están centrando su apuesta en la extensión de los ERTE como fórmula de alivio del gasto para las empresas sin necesidad de despedir a los empleados. Una medida que ha pactado con los agentes sociales y también con Ciudadanos, que exigió extender los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del estado de alarma a cambio de apoyar la prórroga aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales recoge buena parte de las exigencias que Cs había planteado en este ámbito: los ERTE por fuerza mayor se prolongarán hasta el 30 de junio; se mantendrá la exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social en estos ERTEs, también para los trabajadores que se reincorporen a la actividad; y se contempla la posibilidad de extender tanto estos ERTE por fuerza mayor como las medidas excepcionales en materia de cotización y protección por desempleo asociadas a los mismos más allá del 30 de junio en aquellos sectores más afectados por el Covid-19, como el turismo, la hostelería o el ocio.

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No obstante, las fuentes de Ciudadanos consultadas por LPO advierten que los ERTE no son suficientes: "Entendemos que el Gobierno debería haber sido más ambicioso y, también, más flexible en cuanto a las condiciones exigidas para beneficiarse de estas medidas, en particular en aquellos sectores más afectados. Con todo, consideramos que se ha dado un paso adelante, que ha contado con el respaldo de los agentes sociales, y que estaremos vigilantes para asegurar su cumplimiento y para que se tomen medidas adicionales que permitan seguir protegiendo el empleo y facilitar la reincorporación de los trabajadores afectados por estas medidas de ajuste en los próximos meses".

En relación con las medidas en materia fiscal, desde Cs recuerdan que "seguimos insistiendo en la congelación del calendario fiscal, al menos durante el primer semestre de este ejercicio, para no estar poniendo continuos parches a las empresas que lo único que hacen es crearles incertidumbre. En particular, planteamos que la moratoria en la presentación de declaraciones tributarias aprobada, que establece un aplazamiento hasta el 30 de mayo, se amplíe, para el caso de todas las declaraciones correspondientes al primer semestre, hasta el 30 de septiembre de 2020".

En cuanto a las ayudas a los autónomos, desde Cs advierten que "es cierto que casi un millón de autónomos han podido acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad o a otras medidas de apoyo, pero son muchos los autónomos que, pese a estas ayudas, están sorteando con muchas dificultades esta crisis: miles se han visto forzados a cerrar su negocio. Entre otras razones, porque el Gobierno no ha puesto en marcha medidas más ambiciosas, como las que hemos propuesto desde Cs".

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Sobre esas propuestas, desde la formación naranja insisten en extender la duración de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá de la finalización del estado de alarma; reducir la caída de facturación exigida para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad al 40%, en lugar del 75%; extender el reconocimiento de la prestación por cese de actividad a todos los profesionales mutualistas; ampliar el reconocimiento de la prestación por cese de actividad a los autónomos que desarrollen actividades estacionales que no puedan darse de alta esta temporada por el coronavirus; y establecer una nueva tarifa plana de 60 euros durante 12 meses para todos los autónomos afectados por el Covid-19 durante el proceso de desescalada.

El ex ministro Aparicio advierte: "Sin liquidez, no hay nada que hacer"

Esta última medida, de hecho, también ha sido reclamada este martes por Pablo Casado. El presidente del Partido Popular ha defendido la extensión de una tarifa plana para autónomos de 50 euros, además de la puesta en marcha de contratos bonificados para la reincorporación al mercado laboral.

Para las empresas, el líder popular ha abogado por extender los ERTE hasta el 31 de diciembre, exonerar del pago de impuestos para la reapertura de nuevas empresas, y establecer estímulos fiscales para cualquier nuevo inversor que aporte una necesaria inyección económica. Algo que, tal y como afirman a este diario altos cargos del PP, "va a ser imprescindible para la supervivencia de muchas empresas".

Así lo cree también Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el segundo gobierno de José María Aznar. El también ex secretario de Estado de Seguridad Social explica a LPO que la palabra clave de esta crisis sanitaria es "liquidez" para las empresas. Y advierte que, con las medidas aprobadas hasta la fecha por el Gobierno, "ésta no está garantizada, por lo que cualquier empresa que no tenga una remanente importante corre el riesgo de caer".

Aparicio señala, en este sentido, que la crisis económica derivada del coronavirus será, como la de 2008, "de liquidez y de confianza". En la anterior, no obstante, "conseguimos que hubiera liquidez para las empresas, y con eso recuperamos la confianza. Pero ahora eso no está nada claro".

Respecto a las ayudas directas que precisan tanto las grandes compañías como las pymes, Aparicio destaca que estas pueden llegar "a través de ingresos o por la reducción de los gastos". En ambos sentidos, no obstante, "el Gobierno está tomando medidas a corto plazo". Sobre los ingresos, advierte que "los créditos dados con aval del Estado solo sirven para aliviar la situación actual, pero deberán ser abonados después". La misma temporalidad existe con los ERTE y los aplazamientos de pagos: "No son una solución definitiva".

Sobre los ERTE, eso sí, recuerda que "los primeros en impulsarlos fuimos nosotros durante el primer gobierno de Rajoy y con Fátima Báñez al frente de Empleo. Los pusimos en marcha para plantearlos en situaciones totalmente irreversibles como esta, pero no pueden servir para prohibir el despido, como pretendía el actual Gobierno".

Aparicio, además, pone en duda la idoneidad de otra de las principales medidas del actual Ejecutivo durante la crisis del Covid-19: la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital. El ex ministro de Trabajo afirma que "un país necesita generar riqueza, producir bienes y servicios que generen demanda tanto a nivel interno como externo. Y este tipo de rentas permanentes pueden desincentivar la generación de empleo, algo vital para recuperar la economía". Por ese motivo, recomienda a José Luis Escrivá, al que define como "una persona muy solvente", que se replantee esta medida: "No puede tener vocación de permanencia una iniciativa que se va a aprobar en un momento tan extraordinario como este". 

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