Gobierno
Escrivá reduce un 45% el gasto del ingreso mínimo tras el informe de la AIReF
Los técnicos del Ministerio calcularon una inversión inicial de 5.500 millones, pero el modelo elaborado por la AIReF lo rebaja a 3.000. El objetivo es lograr el visto bueno de Bruselas

El ingreso mínimo vital empezará a cobrarse en junio, tal y como se adelantó en estas páginas, y supondrá un coste para las arcas públicas de 3.000 millones de euros. Así lo anunció el martes en el Senado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá. La inversión del Ejecutivo será muy inferior a la que propusieron hace unas semanas los sindicatos -10.000 millones- y a la que defendían Pablo Iglesias y Podemos en su programa de gobierno de 2015, cuando calculaban una renta mínima universal con cargo de 12.000 millones al Estado. Además, en los informes iniciales del Ministerio también aparecía una cifra superior a la anunciada por el ministro en la Cámara Alta.

Según explican a LPO fuentes gubernamentales, los técnicos del Ministerio realizaron, hace ya varias semanas, una primera previsión del coste que supondrá la renta mínima a las cuentas del Estado. En el citado documento, se hizo una estimación de gasto de 5.500 millones, aunque advirtiendo que esa cantidad podría reducirse teniendo en cuenta que, con la aplicación de este nuevo ingreso, desaparecerían otras prestaciones, que quedarían absorbidas por la nueva ayuda. 

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El organismo que dirige José Luis Escrivá ha tenido en cuenta, finalmente, un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tuvo  al actual ministro como presidente desde 2014 hasta su nombramiento como nuevo miembro del Ejecutivo este mes de enero, y que ha situado en 3.000 millones de euros la inversión necesaria para aplicar una renta mínima vital en España. Una cifra, afirman las fuentes consultadas, que ya se ha trasladado al Ministerio de Hacienda para que dé el visto bueno definitivo antes de la presentación del decreto que recogerá esta medida en el Consejo de Ministros.

En el Gobierno confían en que la estimación realizada por la AIReF, y avalada por Hacienda, obtenga también el respaldo de la Comisión Europea

Desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman a LPO que el objetivo es aprobar el texto legislativo en la segunda quincena del mes para que el ingreso pueda cobrarse en junio, y que Hacienda ya conoce, y acepta, la previsión de gasto, aunque "aún queda por cerrar la cifra exacta". En todo caso, en el Gobierno confían en que la estimación realizada por la AIReF, y avalada por Hacienda, obtenga también el respaldo de la Comisión Europea, ya que será una partida que se vinculará a los Presupuestos de 2021. Un objetivo que el Ejecutivo ve muy posible, entre otras cosas, porque la AIReF pertenece a la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la UE y porque, con la crisis del coronavirus, "Bruselas ha prometido más flexibilidad en el gasto".

Negociación con las CCAA y los partidos

José Luis Escrivá da una importancia vital a que el decreto que presentará en las próximas semanas cuente con el respaldo necesario de "todos los organismos implicados". De ahí la interlocución con Hacienda y con otros ministerios que también están colaborando en la puesta en marcha de la renta mínima, como Economía, Trabajo, y Asuntos Sociales. Con esta última cartera, la liderada por Pablo Iglesias, ha habido diferencias en las cifras y en los tiempos, pero desde el Gobierno insisten en que esas discrepancias ya se han solucionado.

El reto, ahora, es llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas y también con los partidos de la oposición, con el objetivo de que el decreto logre el respaldo parlamentario necesario una vez se presente a votación en el Congreso de los Diputados. Con los gobiernos regionales, afirman desde el Ministerio, existen ya semanas de negociación: "Les presentamos el proyecto y ellos nos respondieron con nuevas propuestas, a las que ahora nosotros estamos dando respuesta para llegar a un acuerdo".

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Esa buena predisposición de las comunidades autónomas da esperanzas al gabinete de José Luis Escrivá, que busca un apoyo mayoritario a la medida en la Cámara. De lograr ese objetivo, la idea del ministro es que el decreto pase a convertirse en proyecto de ley, ya que "la renta mínima tiene vocación de permanencia y va a estar incluida en los proyectos de Presupuestos de los próximos años".

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