Gobierno
Sánchez desafía al CGPJ y se atribuye sus competencias para habilitar agosto en los juzgados
LPO ha tenido acceso al borrador del Real Decreto, que Justicia tenía previsto aprobar este martes como fecha límite y que ha provocado críticas en el ámbito judicial

 Pedro Sánchez tuvo el sábado la oportunidad de rebajar tensiones con el CGPJ, después de una semana marcada por las críticas de Pablo Iglesias a la sentencia contra su compañera Isa Serra y y el "profundo malestar" manifestado por el Poder Juducial ante las declaraciones del vicepresidente. El jefe del Ejecutivo, preguntado en ese sentido por LPO en la rueda de prensa de Moncloa, se limitó a asegurar que "el Gobierno acata" las decisiones de la administración Justicia. El desafío al órgano de gobierno de jueces y fiscales, sin embargo, puede ir a más: el ministro Juan Carlos Campo tiene listo el borrador de un decreto ley que atribuye al poder ejecutivo la competencia de hacer hábil el mes de agosto, aunque la ley recoge que sólo el máximo órgano del poder judicial tiene potestad para hacer este cambio.

Así consta, de hecho, en el Título I del proyecto de Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Un texto al que ha tenido acceso en exclusiva este diario y que está fechado para el mes de abril. Por tanto, la previsión del Gobierno, al menos a la hora de redactar el borrador, era aprobarlo a lo largo del presente mes, por lo que la fecha límite para su presentación en el Consejo de Ministros sería este martes, día 28.

El Artículo 1 especifica que "se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020". Además, el texto legislativo incluye otras medidas para adaptar la Administración de Justicia a la crisis del coronavirus. Destaca, en ese sentido, la ampliación a 20 días hábiles de los plazos para presentar recursos contra sentencias dictadas durante el estado de alarma;  la decisión a través del procedimiento especial y sumario de las demandas relativas al régimen de visitas y custodia compartida que se produzcan después del confinamiento forzoso de los menores durante el estado de alarma;  la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática; y la agilización del proceso concursal para las empresas y los autónomos.

Algunas de estas medidas estaban recogidas en las 13 propuestas que el pasado 20 de abril el CGPJ remitió al Ministerio de Justicia. No obstante, en esa lista, no aparecía, en ningún epígrafe, la conversión de agosto en mes hábil para la Administración de Justicia. Una atribución que, de hecho, no le corresponde al poder ejecutivo, sino al órgano de gobierno de jueces y fiscales. Así, el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica que "serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones".

La competencia para habilitar agosto, por tanto, corresponde exclusivamente al CGPJ, y no al Gobierno. Por ese motivo, fiscales consultados por LPO advierten que si Sánchez quiere tener ese tipo de atribuciones, debe modificar antes la ley orgánica en vigor: "Si aprueba este Real Decreto, estaría incumpliendo la legislación vigente y provocando un nuevo choque entre el poder ejecutivo y el judicial, asumiendo competencias que no son suyas".

Esta advertencia, de hecho, ya ha sido transmitida al Ejecutivo a través de diferentes asociaciones de fiscales y por parte del Consejo General de la Abogacía, pero desde el Ministerio y Moncloa "prefieren mirar para otro lado". Una actitud que también ha adoptado Dolores Delgado. La ex ministra de Justicia y actual fiscal general del estado ya se manifestó, la semana pasada, a favor del decreto que preparaba el Gobierno y a la conversión de agosto en mes hábil. En reuniones mantenidas hace apenas unos días aseguraba que esa medida era necesaria para "agilizar la Justicia" tras la crisis del coronavirus, una situación excepcional que precisa de la colaboración de todos: "Hay que arrimar el hombro y trabajar el agosto".

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El inconveniente de esta medida, más allá de confrontar con la legalidad vigente, es que "es de difícil aplicación", según las fuentes consultadas por LPO: "Los jueces, fiscales y abogados nos podemos quedar sin vacaciones en agosto, pero nadie garantiza que a los juzgados acudan las dos partes citadas en ese mes". Además, añaden, "también deberían dejar sin vacaciones esas semanas a los funcionarios de la Adminitración de Justicia e incluso a los Guardias Civiles que están en los juzgados". Por último, advierten que "agosto es el único mes posible para cerrar los juzgados, ya que la carga de procedimientos del resto de meses del año es mayor. Será imposible que nadie pueda cogerse días de descanso a partir de septiembre".

El decreto que prepara el Gobierno, además, podría acabar en el Tribunal Constitucional si finalmente es validado por el Congreso de los Diputados: "Partidos como PP y Vox se han manifestado en contra de habilitar agosto. Si finalmente se hace cualquiera de estos dos partidos, que disponen de más de 50 diputados en la Cámara, pueden presentar un recurso de amparo ante el TC por la vulneración del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

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