Covid-19
El Gobierno se arriesga a tener que devolver las multas por el estado de alarma
Expertos y juristas consultados por LPO señalan que los arrestados por saltarse el confinamiento podrían solicitar indemnizaciones al Gobierno si la Justicia estima que el decreto se excedió en las restricciones de circulación

Las dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno aumentan, y la respuesta de la Justicia podría suponer un desembolso millonario para el Estado. La polémica viene por el artículo 7, que limita la libre circulación de personas, un derecho fundamental que según algunos juristas sólo podría limitarse mediante el estado de excepción. En caso de que los tribunales lo confirmen, el Gobierno se arriesga a tener que devolver el importe de las 696.653 multas propuestas hasta ahora por saltarse el confinamiento. Además, las víctimas de las 6.216 detenciones producidas desde el 14 de marzo también podrían pedir una indemnización al Estado. 

En las últimas horas el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de un abogado valenciano contra al real decreto del estado de alarma por vulneración de los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación de las personas, que no podrían quedar limitados mediante esta fórmula constitucional. Por su parte, la Fiscalía se opone a ello y defiende que sólo el Tribunal Constitucional sea competente para resolver las impugnaciones del decreto del estado de alarma. Al mismo tiempo, la oficina del Defensor del Pueblo se ha llenado estos días de numerosas quejas de asociaciones de juristas y particulares alentando a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

 En concreto, en estos escritos se especifica que el Ejecutivo está vulnerando derechos fundamentales como el de la libertad ambulatoria, recogido en el artículo 19 de la Constitución, y el derecho de reunión del artículo 21 de la Carta Magna. Expertos y juristas consultados por LPO señalan que, de prosperar la demanda en el Supremo, algunas sanciones como las de circulación podrían quedar anuladas y el afectado podría solicitar el reembolso de la multa al Estado. Pero, reconocen que sería más adecuado que los juzgase el Constitucional. 

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 El abogado y ex magistrado Francisco José Pérez Martínez explica que "teóricamente, el estado de alarma no suspende derechos fundamentales, mientras que el de excepción y sitio sí lo permiten". "La demanda que ha presentado este grupo de juristas se ampara en que algunas medidas aplicadas por el Gobierno se excederían del contenido de las medidas propias del estado de alarma y ponen como ejemplo la libertad ambulatoria. El estado de alarma no puede suspender nunca a los derechos fundamentales como el de movimiento, reunión o asociación", señala.

Si se anulan las limitaciones de libertad, los encarcelados por el confinamiento deberían salir de prisión y podrían solicitar una indemnización al Estado

Es aquí donde, según el abogado, las sanciones por la libre circulación están en riesgo. "Si el Supremo considera que el estado de alarma no debería haber impedido la libertad ambulatoria, las sanciones por quebrantar esa prohibición no tendrían que haber sido impuestas ni ejecutadas, por lo que se anularán y se quedarán sin efecto. De tal manera que, la multa no tendrá que ser abonada por el afectado o, en caso de haberla abonado, deberá solicitar su reembolso al Estado", explica Pérez.

Mayores problemas plantearía el ingreso en prisión de aquellas personas que se han saltado el confinamiento, por ejemplo. El ex magistrado destaca que "si el Supremo anula las limitaciones a la libertad de movimientos, las personas que han sido condenadas en vía penal por una violación reiterada de ese confinamiento e ingresaron en prisión, primeramente, quien se encontrase encarcelado deberá salir de prisión de inmediato y si plantea que entró en prisión por un delito que no podía haber sido cometido -no había responsabilidad por no respetar el confinamiento-, podría solicitar una indemnización al Estado por responsabilidad patrimonial", apunta Pérez.

Las medidas de confinamiento ponen en duda el estado de alarma

Los expertos también discuten estos días si las medidas adoptadas por el Gobierno responden propiamente al estado de alarma decretado o si se asemejan al estado de excepción o sitio. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós, asegura que "lo que está en juego, en realidad, no es sólo la libertad de circulación, sino también el derecho a la vida porque podríamos decir que esas medidas adoptadas por el Gobierno tienen un respaldo entre los científicos como el instrumento idóneo para evitar la difusión de una enfermedad sin vacuna, por el momento".

"Se podía discutir si el confinamiento debe tener más o menos excepciones, pero lo que corresponde es poner sobre la mesa el derecho a la vida frente a una crisis sanitaria desconocida hasta la fecha", señala Arbós. En opinión del catedrático, el confinamiento, tal y como está definido en el Real Decreto del Gobierno, "con encaje con la ley reguladora del estado de alarma, ni termina de encajar directamente con la Constitución.

Desde mi punto de vista el confinamiento tampoco encaja con el estado de excepción, ni con el de sitio. El amparo que podría tener el confinamiento estaría en la Ley Orgánica del 14 de abril de 1986 de Medidas Especiales de Salud Pública por el que el Gobierno podría tomar medidas especiales para impedir la difusión de una epidemia", asegura el catedrático.

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La ley que cita está pensada para controlar una epidemia y detectar a los portadores concretos. "Desde este punto de vista, sí se podría justificar el internamiento obligatorio. De hecho, ya se hace en los hospitales donde a los enfermos contagiosos se les puede impedir irse a sus casas con una orden judicial. Pero esto está pensado para personas excepcionales y no para el conjunto de la población. Creo que no hay un encaje legal en el Real Decreto del Gobierno, aunque entiendo desde el punto de vista de la necesidad de impedir la extensión de la pandemia. Probablemente, el derecho a la vida es la única salida razonable que tenía el Gobierno y, de hecho, en muchos países también se han tomado este tipo de decisiones", zanja Arbós.

El asunto de calado derivado de estas medidas es que una vez pasada la pandemia, los expertos apuestan por discutir las modificaciones requeridas en las diferentes leyes para que, en caso de suceder otra pandemia de similares características, se puedan aplicar figuras concretas. Esto también trata de poner coto al populismo punitivo. Todos estamos nerviosos ante la mayor crisis sanitaria de la historia, pero como apuntan algunos expertos, las sanciones no se pueden basar sólo en los casos concretos en que la persona tome una actitud desafiante contra la Policía, por ejemplo, sino que la sanción debe siempre estar fundamentada en una orden previa que se ha infringido.

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