Coronavirus
El Defensor del Pueblo retrasa a julio el recurso al TC sobre el estado de alarma
Ha recibido decenas de quejas de asociaciones de juristas y particulares, que reclaman recurso de inconstitucionalidad. Tomará una decisión al respecto en los próximos tres meses

El Gobierno está vulnerando, con la aplicación del estado de alarma, hasta tres derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y que, según el artículo 55 de la Carta Magna, solo pueden ser restringidos con la aprobación del estado de excepción. Así lo apuntan asociaciones de juristas y un gran número de particulares, que han mandado decenas de reclamaciones al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad, ante el TC, por esta medida. El organismo dirigido por el socialista Francisco Fernández Marugán confirma la recepción de esas quejas, pero advierte que aún tiene un "largo procedimiento" por delante antes de pronunciarse. 

Catedráticos de derecho constitucional, asociaciones de juristas y particulares han llenado, en los últimos días, el buzón de quejas del Defensor del Pueblo a cuenta de la posible inconstitucionalidad de algunas medidas adoptadas por el Gobierno en el estado de alarma. En concreto, en estos escritos se especifica que el Ejecutivo está vulnerando derechos fundamentales como el de la libertad deambulatoria, recogido en el artículo 19 de la Constitución, y el derecho de reunión del artículo 21 de la Carta Magna.

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Los denunciantes recuerdan que el artículo 55 del texto constitucional especifica que "los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución". No obstante, y según la propia Carta Magna, no pueden suspenderse durante la aplicación de un estado de alarma.

El Gobierno, por tanto, debería haber aprobado un estado de excepción, y no de alarma, para suspender el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional, recogido en el artículo 19, y el derecho de reunión del artículo 21. Además, algunos juristas coinciden con Vox a la hora de  apuntar también la vulneración, por parte del Ejecutivo, del artículo 20, apartado 1, a), referente a la libertad de expresión, otro derecho que solo podría dejar de reconocerse en el estado de alarma.

Todas estas reclamaciones ya están siendo tramitadas por el Defensor del Pueblo. Según explican a LPO fuentes muy próximas a Francisco Fernández Marugán, la documentación será analizada, en primer lugar, por la llamada Unidad de Estudio del organismo, que emitirá un informe. Después, corresponderá a la Junta de Coordinación, con el defensor del pueblo al frente, tomar una decisión al respecto sobre la presentación o no ante el TC de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de aprobación del estado de alarma.

El procedimiento, añaden estas mismas fuentes, "tiene una duración de tres meses" y el organismo "no tiene intención" de acortar los plazos. Por tanto, el pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre la constitucionalidad o no del estado de alarma aprobado por el Gobierno no se producirá hasta mediados de julio, cuando es probable que ya haya decaído el decreto aprobado el 14 de marzo ante la ausencia de nuevas prórrogas. 

El pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre la constitucionalidad o no del estado de alarma aprobado por el Gobierno no se producirá hasta mediados de julio

Desde el Defensor del Pueblo admiten lo "delicado" de este tipo de pronunciamiento y, por ese motivo, quieren "tomarse todo el tiempo necesario" antes de la deliberación. Un 'timing' que, sin embargo, contrasta con la rapidez protagonizada por la institución en otros asuntos relacionados con la crisis del coronavirus. En ese sentido, el organismo dirigido por Marugán ya se situó, el viernes de la semana pasada, a favor del desconfinamiento de los niños, después de haber recibido un gran número de peticiones ciudadanas. Esa petición, de hecho, fue trasladada directamente por el defensor del pueblo al ministro de Sanidad, Salvador Illa. 

Además, el pasado 3 de abril  Francisco Fernández Marugán se dirigió también a los ministros de Sanidad; Hacienda; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para hacerles llegar los problemas que los ciudadanos habían planteado en el millar de quejas recibidas hasta ese momento relacionadas con la crisis sanitaria del coronavirus. Y, a pesar de no querer pronunciarse ahora sobre la presunta inconstitucionalidad del estado de alarma, el Defensor del Pueblo emitió un comunicado el pasado 20 de marzo en el que manifestaba "su confianza" en que "las medidas que se están adoptando son las necesarias para vencer a la epidemia". Añadía, además, que "la unidad de acción en este momento de todos los poderes e instituciones del Estado es crucial". 

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