Gobierno de coalición
Justicia frenó la propuesta de Iglesias de suspender el pago del alquiler por "inconstitucional"
Juan Carlos Campo fue clave para frenar un texto al que ya se habían opuesto Calviño y Ábalos. Los ministros de Podemos aceptaron reducir el decreto a las ayudas aprobadas este martes

Pablo Iglesias aprovechó su comparecencia posterior al Consejo de Ministros para definir la Constitución como un "escudo social" y defender las dos últimas grandes medidas impulsadas por Podemos dentro del Gobierno: la aprobación de un permiso retribuido para los trabajadores cuya actividad económica no sea esencial; y el decreto de ayudas al alquiler de este martes. Este último texto, sin embargo, ha sufrido muchas modificaciones con respecto a su propuesta inicial. Entre otras cosas, precisamente, por vulnerar varios artículos de la Carta Magna.

Desde hace dos semanas, Iglesias y el resto de representantes de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición han defendido una "moratoria total" para el alquiler, con el objetivo de que cualquier arrendatario en situación de vulnerabilidad por la crisis sanitaria del Covid-19 dejara de pagar a su inquilino. Un extremo al que finalmente no se ha llegado en el Consejo de Ministros de este martes. 

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El texto aprobado incluye, efectivamente, una moratoria, pero a aplicar únicamente a "arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras". Se entiende como tal "a quien posea más de diez inmuebles". Por tanto, la medida no afectará, en ningún momento, a propietarios particulares que tengan alquilada una segunda vivienda, sino, fundamentalmente, a los llamados 'fondos buitre'.

De darse "un caso de vulnerabilidad" en un alquilado que no pueda pagar a un arrendador particular, el inquilino podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta, pero el dueño podrá rechazarlo. En el caso de que no haya  acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado, por lo que el propietario no dejará de cobrar el alquiler. Además, el real decreto suspende los desahucios durante seis meses e implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Una prórroga que será de seis meses y en la que se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

El líder de Podemos puso sobre la mesa un plan de actuación mucho más agresivo que dejaba sin ningún tipo de garantía jurídica a los dueños y arrendadores

El paquete de medidas, aseguran a LPO altos cargos del Gobierno, "son, y de hecho han sido, más que aceptables para Pablo Iglesias". No obstante, el líder de Podemos puso sobre la mesa un plan de actuación "mucho más agresivo" que dejaba "sin ningún tipo de garantía jurídica" a los dueños y arrendadores. Una circunstancia que provocó, desde el minuto uno, la oposición frontal de Nadia Calviño y de José Luis Ábalos a la propuesta del vicepresidente de Asuntos Sociales.

La vicepresidenta económica ya declaró, públicamente, que "no se puede beneficiar a unos ciudadanos perjudicando a otros", en referencia a la moratoria total que dejaba a los arrendadores sin unos "ingresos importantes" en plena crisis sanitaria. El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, reivindicó el plan de ayudas al alquiler que su ministerio llevaba preparando desde hacía varia semanas, y del que Iglesias parecía haberse olvidado.

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La oposición de estos dos ministros, aseguran las fuentes consultadas, fue "decisiva" a la hora de posponer la aprobación del decreto. No obstante, la intervención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue "clave" para inclinar la balanza a favor de los críticos a la propuesta de Iglesias y provocar que el presidente, Pedro Sánchez, pidiera "darle una vuelta" al texto inicial planteado por el secretario general de Podemos.

El titular de Justicia, añaden los cargos gubernamentales contactados por este diario, alertó de la "dudosa legalidad" de la propuesta de Iglesias, al "dejar en una total desprotección jurídica" a los propietarios frente a los inquilinos. Además, advirtió Campo, la "moratoria total" podría ser considerada "inconstitucional", al vulnerar varios derechos reconocidos en la Carta Magna. Se cita, en este sentido, el artículo 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada y añade, en su epígrafe tercero, que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".

Campo ya advirtió sobre la 'Ley Montero' de libertad sexual

El bloque constituido por Calviño, Ábalos y Campo, por tanto, logró una modificación sustancial en el texto propuesto inicialmente por Pablo Iglesias. Unos cambios que, en todo caso, "no afectaban a lo fundamental del decreto", tal y como ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el propio vicepresidente de Asuntos Sociales.

Las fuentes consultadas, eso sí, recuerdan que no es la primera vez que la intervención del ministro de Justicia provoca un cambio en el borrador de un texto legislativo. Ya pasó, hace poco más de un mes, con la ley de libertad sexual impulsada por Irene Montero antes de la manifestación feminista del 8 de marzo.

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Tal y como se contó en estas páginas, Juan Carlos Campo ya manifestó, en un primer momento, que era preferible aguantar ese texto propuesto por Igualdad para incluirlo en la reforma del Código Penal. Sánchez rechazó llegar a ese extremo, aunque sí atendió a la advertencia sobre los problemas que podía traer la redacción del borrador presentado por el Ministerio: "Había valoraciones políticas, que prácticamente querían sentar jurisprudencia. Y eso no se podía presentar de ninguna manera".

El presidente del Gobierno, entonces, sí atendió al titular de Justicia pese a las presiones procedentes de Podemos, desde donde se llegó a acusar al ministro de "machista". Finalmente, Sánchez pidió ayuda a Carmen Calvo, que ya preparaba una ley similar en la anterior legislatura, para que actuara de mediadora y lograra una nueva redacción del texto presentado por Montero. Finalmente, el proyecto de ley se aprobó antes del 8M, tal y como quería Podemos, pero con cambios profundos respecto al borrador inicial.

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