La crisis sanitaria del coronavirus ha traído consigo otra moratoria, aunque no se ha anunciado públicamente ni se ha aprobado por decreto. Simplemente, se ha decidido por las circunstancias actuales. Las beneficiarias, en este caso, son las empresas que estaban bajo la lupa de la Administración: mientras duren las medidas de prevención contra el Civid-19, dejarán de recibir inspecciones de Hacienda y de Trabajo.

Así lo aseguran a LPO técnicos de ambos ministerios, que confirman el "cierre de actividad", durante estas semanas, por el estado de alarma y la obligación de confinamiento. Para ejercer su labor, añaden, "no hay posibilidad de hacerlo mediante el teletrabajo".

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Estos altos funcionarios, sin embargo, sí están aprovechando estos días para estudiar la documentación recogida de grandes compañías en los últimos meses, con el objetivo de tener ese trabajo hecho cuando la actividad económica vuelva a su actividad. Pese a ello, no pueden solicitar nuevos documentos o información, ni tan siquiera por vía telemática.

Las fuentes consultadas afirman, además, que tampoco se pueden poner en marcha, en base a esas pruebas recabadas en las semanas previas a la aplicación del estado de alarma, nuevos expedientes administrativos o disciplinarios. Todo ello porque "la justicia también se ha paralizado durante estas semanas".

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Una derivada de esta situación, añaden, es que también han quedado congelados los plazos para la tramitación de los expedientes administrativos ya iniciados. Una decisión, esta sí, que está incluida en el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.