Cataluña
La letra pequeña de la oferta del Gobierno a Quim Torra
Sánchez avala con "matices" que la Generalitat disponga de las llamadas embajadas catalanas y su acción exterior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este jueves un decálogo de 44 puntos llamado Agenda para el Reencuentro sobre los que el Ejecutivo está dispuesto a hablar en la futura mesa de diálogo en la que se sentarán los líderes de ambos gobiernos, y también en la comisión Estado - Generalitat que se activará en paralelo. El Ejecutivo socialista descarta cualquier petición sobre la "autodeterminación" y la "amnistía" a los políticos presos, aunque como contrapartida ofrece una jugosa transferencia de competencias que se abordarán en la comisión bilateral que prevé el Estatut de 2006. 

Sánchez aceptaría con "matices" que la Generalitat siguiera con su acción exterior, para relajar la política de del ex-ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. El Govern podría seguir con las llamadas embajadas catalanas siempre que estas se ajustasen "a los principios contenidos en la Ley de Acción Exterior del Estado". Según la mencionada norma, las delegaciones del Ejecutivo catalán deberían estar supeditadas a las directrices del Ministerio, y cualquier apertura de una nueva oficina debería ser comunicada previamente. 

"Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán comportar, en ningún caso, la asunción de representación del Estado", explica la norma en su artículo 11.3. Tampoco podrán "incidir o perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno", y da potestad al Ministerio para regular y coordinar las actuaciones exteriores de las autonomías para "garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley". 

 "Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán comportar, en ningún caso, la asunción de representación del Estado", explica la norma en su artículo 11.3 

El acuerdo también prevé negociar en el marco de la comisión bilateral Estado - Generalitat la concesión de un nuevo múltiplex a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, con el que podría emitir más canales y facilitar la reciprocidad con los medios valencianos y baleares. También, abordar las deudas de la empresa por el IVA, puesto que Hacienda le reclamaba 127 millones de euros por el impuesto más intereses de demora del periodo 2015-2018, aunque ganó en la justicia el primer recurso que le evitó pagar 60 millones del periodo 2012-2014.

El texto también pretende blindar el modelo de la llamada "escuela catalana". El documento asegura que la nueva Ley de Educación que sustituya a la LOMCE del PP "contendrá normativa que afectará al modelo" de enseñanza de Cataluña, cuestionado desde algunos sectores por la inmersión lingüística. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó en una sentencia que el 25% de los contenidos debían de ser en castellano, que fija un criterio que ya había apoyado otra sentencia del Tribunal Supremo aunque dejaba a la Generalitat fijar ese porcentaje. 

El Gobierno también considera que en el caso de ayudas, "la regla general" debe ser que cuando las CCAA tengan competencias Ejecutivas "debe darse una gestión descentralizada de las ayudas y subvenciones". Este criterio se podría aplicar a la Beca General que reciben cada año los estudiantes universitarios. La Generalitat gestiona las concesiones a través de AGAUR, a diferencia del resto de España -excepto País Vasco y Navarra- donde la decisión se toma directamente desde el Ministerio de Educación. En este caso, una de las reivindicaciones de la Generalitat pasaba por transferir al 100% estas ayudas. 

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El gobierno de Sánchez también guiña el ojo al independentismo para facilitar una aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020. El Ejecutivo socialista asegura que la sanidad es una "prioridad" que se verá recogida en las cuentas estatales, así como la dependencia y el dinero destinado para las políticas activas de empleo. Los Mossos d'Esquadra también están en el texto, puesto que se aborda el incremento de la plantilla y el dinero destinado en los números del Estado hasta 2022. 

Las propuestas presentadas por Sánchez evitan los temas sobre los que Torra quiere centrar la negociación: la celebración de un nuevo referéndum y una amnistía para los condenados por sedición. Aunque cuadros del PSC se han mostrado públicamente a favor de un indulto, como Miquel Iceta o Teresa Cunillera, no hay en el texto ninguna mención explícita a una medida de gracia de estas características que pueda beneficiar a los condenados. 

Las medidas se limitan a prometer una mejora del autogobierno dentro del marco autonómico, sin abordar la posibilidad de un nuevo Estatuto de Autonomía que superar el malestar generado en parte sustancial de la sociedad catalana por su recurso y posterior suspensión parcial por parte del Tribunal Constitución. Tampoco entra en una posible reforma constitucional que permita al Estado avanzar hacia un modelo federal, tal y como se recoge en las declaraciones de Granada y Barcelona firmadas entre PSOE y PSC, y que los socialistas catalanes defienden en su ponencia política aprobada en su congreso del pasado mes de diciembre

La mesa de diálogo se había pactado entre ERC y el PSOE como contrapartida para que los republicanos se abstuvieran en la investidura de Pedro Sánchez. El gobierno hizo el amago de desentenderse de la reunión con el presidente catalán cuando este anunció unas elecciones tras sus presupuestos, lo que provocó una reunión en Moncloa con Gabriel Rufián para emplazarlos a cambiar de opinión. El partido de Oriol Junqueras teme que Quim Torra puede acabar torpedeando la mesa, y más a las puertas e unas elecciones en Cataluña.


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