Nueva Fiscal General del Estado
Dolores Delgado podrá promover los indultos a los presos del procés
Jueces y fiscales sospechan que el nombramiento de la ex titular de Justicia al frente de la Fiscalía persigue "desjudicializar el procés" y poner en libertad a los condenados

De ministra de Justicia a Fiscal General del Estado. Es el recorrido que ha planeado Pedro Sánchez para Dolores Delgado. Una maniobra que ha sorprendido a propios y extraños y que ya está provocando una gran división interna, tanto entre las asociaciones de fiscales como en los propios magistrados que trabajan en el Ministerio Fiscal. Así, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha asegurado que el nombramiento "no nos parece adecuado" y que todo hace indicar que "la Fiscalía queda sometida al Gobierno". La Unión Progresista de Fiscales, por su parte, confía en "el buen papel" de la ex ministra.

Más allá de estas declaraciones institucionales, LPO ha podido contactar con ex fiscales generales, fiscales jefes y otros magistrados con cargo en la Fiscalía General. Y, en conversaciones con este medio, todos coinciden en señalar que hay un "gran revuelo" por esta decisión de Pedro Sánchez, con posiciones muy encontradas entre propios compañeros.

En primer lugar, existe el debate sobre el propio nombramiento como Fiscal de una ex ministra de Justicia. Los críticos afirman que es un "hecho sin precedentes" que pone en cuestión la independencia del organismo. Otros magistrados más próximos al Gobierno responden que en Francia "el ministro de Justicia es también fiscal general y no pasa nada". Un razonamiento que no convence a otros compañeros, que acusan a Sánchez de volver a mirar hacia Europa para llevar a cabo golpes de efecto de difícil encaje en España.

Las posiciones más encontradas se encuentran, sin embargo, a la hora de analizar el papel que adoptará Delgado en esta nueva andadura. Sus defensores aseguran que "lo hará bien". Sobre todo, en "la lucha anticorrupción". No obstante, los fiscales contrarios a su nombramiento alertan que la llegada de la ex ministra a la Fiscalía General tiene un objetivo concreto: "desjudicializar el procés de Cataluña y sacar a los condenados a la calle".

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Recuerdan, en este sentido, que la Fiscalía se debe pronunciar si hay recurso al Supremo contra los permisos penitenciarios de los que puedan disfrutar Junqueras y el resto de políticos presos, y que se aprobarán en primera instancia desde las propias cárceles y la consejería de Justicia de Cataluña  "Hasta ahora, la Fiscalía se ha pronunciado en contra de todas las peticiones de los abogados de la Defensa. Pero sospechamos que ahora se va a convertir en una nueva Abogacía del Estado favorable a las tesis de Junqueras y compañía".

Los permisos penitenciarios, sin embargo, son casi "asunto menor" si se comparan con los posibles indultos a los condenados del 1-O. Unos indultos, recuerdan, que puede impulsar la propia Dolores Delgado. En ese sentido, las fuentes consultadas destacan que " pueden promover el indulto el Tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo; el Ministerio Fiscal; el Juez de Vigilancia Penitenciaria y el Gobierno".

El Gobierno se verá legitimado a aprobar el indulto de los presos del procés si existe un informe de Delgado que lo promueva

La hoja de ruta, añaden, está clara: "El Gobierno se verá legitimado para aprobar el indulto en Consejo de Ministros si cuenta con informes favorables. Es obvio que los jueces de vigilancia penitenciaria de las cárceles catalanas se manifestarán a favor, pero si también lo hace el Ministerio Fiscal, con Dolores Delgado al frente... el indulto será un hecho".

Este tipo de decisiones, añaden, "no se pueden impedir en el Consejo de la Fiscalía", ya que, "a pesar de que 9 de los 12 integrantes estuvieran en contra, la última palabra la tienen la fiscal general, que seguro cuenta con el apoyo del Teniente Fiscal del Supremo y del Jefe de Inspección, dos cargos que ella puede renovar ahora".

Pese a ello, sí cabe, "por parte de los afectados o de las asociaciones", recurrir al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio fiscal, aprobado en la Ley Orgánica 50/1981, en la que se establece que "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe.  Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".