Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid duplica en cinco años el gasto en alquiler por inmuebles que vendió a terceros
Entre 2014 y 2019, la Comunidad gastó casi 60 millones de euros en pagar el alquiler de inmuebles que eran parte del patrimonio público y se vendieron

La venta de patrimonio público sigue generando problemas al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El reciente fallo del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de la venta de viviendas sociales a 'fondos buitre' dispuesta en 2013 por el Gobierno de Ignacio González tendrá imprevisibles consecuencias judiciales y provocará reclamaciones que se extenderán durante toda la Legislatura de Isabel Díaz Ayuso, reconocen a LPO en el Gobierno madrileño. Sin embargo, no es el única controversia que afrontan los populares madrileños en relación a la venta de inmuebles públicos.

Entre 2014 y 2019, la Comunidad gastó 59,981 millones de euros en pagar el alquiler de inmuebles que formaban parte del patrimonio público y se vendieron a terceros. Así lo confirmó el propio Gobierno en la respuesta que brindó a la petición de información que realizó el diputado Jorge Moruno, de la fuerza Más Madrid.

Solo en 2019 se gastaron 9,73 millones de euros en alquileres de propiedades que antes eran públicas, casi el doble de los 5,6 millones que se pagaban en 2014 en este concepto. Sobre los alquileres realizados entre 2007 y 2013, la Comunidad de Madrid no ha brindado datos. Algunos de estos gastos de alquiler se corresponden a oficinas que eran propiedad de la Comunidad y que siguieron siendo utilizadas por el Gobierno tras su venta, aunque en calidad de inquilino.

Por estas ventas de patrimonio público, la Comunidad informó que ingresó entre 2007 y 2019 unos 80 millones de euros, lo que quiere decir que ya se gastó en el pago de alquileres (60 millones) casi todo el dinero recaudado al desprenderse de sus inmuebles. Y sin contabilizar los probables gastos de alquiler realizados entre 2007 y 2013, de lo cual no se brindó información. Entre los inmuebles vendidos se encuentran fincas, viviendas, edificios y oficinas.

Entre estas enajenaciones no se encuentran las 2.935 viviendas sociales del Ivima que fueron vendidas en 2013 a la sociedad Encasa Cibeles (participada por Goldman Sachs y Azora) por 201 millones de euros, una operación que fue declarada nula por la Justicia.

Las consecuencias del fallo del Supremo

La ejecución de este fallo, si es que la Comunidad no apela finalmente ante el Tribunal Constitucional, planteará múltiples interrogantes y dificultades al Gobierno de Ayuso durante los próximos meses y años. Encasa Cibeles ya ha vendido 1.159 apartamentos, un tercio de las propiedades que había adquirido. Goldman Sachs ya avisó de que podría pedir una indemnización por daños y perjuicios en caso de tener que revertir la compra de viviendas que hizo a la Comunidad hace seis años. Y también se esperan nuevas reclamaciones de las asociaciones de inquilinos, muchos de los cuales debieron abandonar sus viviendas ante las fuertes subidas de precios que realizaron los 'fondos buitre' tras finalizar el periodo de protección pública.

 ["La Comunidad de Madrid no venderá vivienda pública a fondos buitre"]  

"Tenemos las manos atadas con este asunto. Buena parte de los pisos afectados por la sentencia ya pertenecen a terceros", reconocen en la Comunidad, donde esperan un largo recorrido judicial tras el fallo del Supremo. Incluso, no descartan que los fondos de inversión acudan a tribunales europeos. 

Por lo pronto, el Gobierno ya ha prometido que no venderá vivienda pública a 'fondos buitre' como hicieron los anteriores ejecutivos. Sin embargo, las posiciones respecto a los fondos genera divisiones al interior del PP madrileño, como informó LPO. 

 [La venta de vivienda pública a los 'fondos buitre' divide al PP madrileño

Por un lado están varios alcaldes de los distritos más afectados por la situación, como Ignacio Vázquez Casavilla de Torrejón de Ardoz, donde se ha condenado "la venta de viviendas públicas por parte de la Comunidad a fondos buitre" y se ha instado al Gobierno madrileño a adoptar una serie de medidas para proteger a los inquilinos. Del otro, el ejecutivo liderado por Díaz Ayuso, que evita criticar las ventas de patrimonio público realizadas por las anteriores gestiones del PP.

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