Financiación autonómica
La Junta acusa a Hacienda de una intervención irregular y amenaza con llevar al Gobierno a los tribunales
Argumenta que se han vulnerado los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Elías Bendodo y Juan Bravo Baena estudian un posible recurso con los servicios jurídicos

La Junta de Andalucía no podrá captar recursos a través de los mercados financieros y tendrá que someterse a un plan de ajuste después de "incumplir el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018". Una decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda, y notificada por carta al gobierno autonómico, que puede acabar en los tribunales.

Así lo aseguran a LPO altos cargos del Ejecutivo andaluz, donde se lleva estudiando con detenimiento "todas las respuestas posibles" a esta misiva desde el pasado viernes. Apenas unas horas después de aprobarse los Presupuestos regionales para 2020 en la tarde del jueves, los servicios jurídicos de la Junta empezaron a analizar el contenido de la carta de Hacienda, con fecha del 5 de diciembre.

La prioridad, explican desde la Junta, era sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio. Una vez conseguido ese objetivo, la principal consigna de Juanma Moreno es evitar ahora una intervención "desde Madrid" que "raya la ilegalidad".

Hacienda no se ajusta a la Ley

Todo ello porque, según los servicios jurídicos de la Junta, la decisión adoptada por Hacienda no se ajusta a los procedimientos que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finaciera, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, y a la que hace alusión el propio Ministerio en su escrito enviado a la Junta.

En concreto, el gobierno autonómico considera que Hacienda incumple, en primer lugar, el artículo 17.4 de la citada ley orgánica, y a la que hace referencia en la carta remitida a la Junta. En ese artículo, la ley obliga al Ministerio a la presentación, "antes del 15 de octubre de cada año", de "un segundo informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria". 

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sin embargo, acaba de pronunciarse este mes de diciembre, con casi dos meses de retraso del límite del 15 de octubre, y Hacienda aún no ha hecho público ese segundo informe.

Además, la Junta considera que el Gobierno central también ha vulnerado los artículos 18 y 19 de la ley orgánica, al no haber realizado ninguna  "comunicación de alerta" ni una "advertencia previa" a la intervención. Tampoco se ha concedido al ejecutivo autonómico el "mes de plazo" para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento.

Bendodo y Baena, al frente de la ofensiva

Toda esta argumentación de los servicios jurídicos ya ha sido escuchada, de primera mano, por el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, y por el consejero de Hacienda, Juan Bravo Baena, las dos personas a las que el presidente Juanma Moreno ha encargado que lideren la respuesta del gobierno autonómico frente a la decisión de Hacienda.

Una respuesta que podía llegar, incluso, "al Constitucional", si "Montero y Sánchez no "rectifican".

Más allá de las intenciones del presidente y su ministra de Hacienda, "lo que queda demostrado es que, como mínimo, hay un error administrativo, porque se han saltado una serie de comunicaciones previas a la intervención". 

Por tanto, concluyen desde el Gobierno autonómico, "lo suyo sería volver a empezar desde cero con una advertencia de riesgo de incumplimiento, como marca el artículo 19, y a raíz de ahí adoptar las medidas necesarias sin intervenirnos las cuentas".

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