Argentina
El Gobierno argentino sube impuestos al campo y desata su primer conflicto
Las retenciones a las exportaciones de soja suben al 30% y provocan malestar entre los productores agrícolas. Alberto Fernández también decreta la doble indemnización por despido durante seis meses

El nuevo Gobierno de Argentina, presidido por el peronista Alberto Fernández, desata su primer conflicto tras subir el sábado por decreto los impuestos a las exportaciones agrícolas. Si bien la decisión se esperaba en el sector, la falta de diálogo antes de tomar la medida generó un profundo malestar entre productores y dirigentes agropecuarios.

A partir de ahora, la soja pagará un 30% por sus exportaciones y los cereales un 12%. Productos como carne, leche y arroz tendrán una alícuota del 9%. No está claro qué nivel de alícuota pagarán las economías regionales, que vienen reclamando la creación de una Secretaría específica que atienda su situación.

Además, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, decidió cerrar este viernes el registro de exportaciones de granos. Es decir, en principio hasta el próximo lunes estará suspendida cualquier operación de venta de granos al exterior.  

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Hasta este sábado, las exportaciones pagaban una retención fija de tres o cuatro pesos argentinos (según fueran productos industriales o del campo) por cada dólar exportado. Esta norma establecida por el Gobierno de centroderecha de Mauricio Macri suponía un porcentaje mucho menor de impuestos para los productores que el actual. 

La subida impositiva permite al nuevo Gobierno aumentar la recaudación fiscal en un contexto de severa crisis económica y dudas sobre la posibilidad de que Argentina pueda asumir los pagos de su deuda externa.

Las entidades del campo argentino con Alberto Fernández.

El presidente de la agrupación ruralista Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, dijo a LPO que "es increíble que se lo siga viendo al campo como una fuente de recursos fiscales y no se tome conciencia del lugar que ocupa en el país".

"No tuvimos ningún contacto con el ministro (de Agricultura Luis) Basterra. El impacto sobre la rentabilidad del sector es muy fuerte", indicó Chemes. "La historia marca que cuando se han cobrado retenciones, la actividad se para", agregó.

El titular de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina, también manifestó su malestar: "Cuando Alberto era candidato nos dijo que nos iba a consultar y eso no ha sucedido. Con Basterra hablamos el jueves y no nos comentó nada".

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En este contexto, el decreto -que lleva la firma del nuevo presidente argentino, su jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Hacienda Martín Guzmán- señala que "la aplicación de derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional".

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, consideró que "Alberto comienza a faltar a su palabra porque dijo que no iba hacer cosas sin consultas". "Esperábamos un anuncio a favor de la producción, alentándola", afirmó.

Alberto comienza a faltar a su palabra porque dijo que no iba hacer cosas sin consultas. Esperábamos un anuncio a favor de la producción, alentándola

En las redes sociales la suba de retenciones ya está generando polémica. Productores autoconvocados que conformaron diversos grupos de WhatsApp ya están hablando de una "provocación" del Gobierno y no descartan protestas.

"Vinieron al choque con revanchismo, ensañamiento y persecución contra los que pensamos diferente", dicen en las redes mientras algunos ya fogonean manifestaciones en las zonas rurales de Pergamino y San Pedro, epicentros de la lucha del campo argentino en el 2008 con el gobierno de Cristina Kirchner, flamante vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Kirchner en el Congreso argentino.

Otra medida importante que Alberto Fernández anunció en su primera semana de Gobierno es la doble indemnización por despido durante un periodo de seis meses.

El anuncio fue realizado en la noche de este viernes y el decreto se publicaría el lunes en el Boletín Oficial y podrá aplicarse de inmediato. Sólo puede ser anulado por las dos Cámaras del Congreso, pero el control que tiene Kirchner del Senado le garantiza su vigencia. 

De todos modos, la doble indemnización sólo podrá reclamarse ante despidos "sin justa causa" y no será aplicable en contrataciones "celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia", para no desalentar la creación de nuevos empleos. La medida forma parte de un decreto sobre la emergencia ocupacional. 

En los considerandos del decreto, Fernández destaca que "la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres".