Podemos
Los abogados de Podemos despedidos investigaban los sobresueldos de la ejecutiva
Dos máximos responsables de la formación denunciaron que su despido era una "grave represalia" tras investigar "graves irregularidades" en materia financiera, laboral y de limpieza en primarias

Mónica Carmona y José María Calvente, los dos abogados de Podemos que denunciaron haber sido despedidos a modo de "represalia y coacción" después de iniciar una investigación interna sobre "graves irregularidades" de Podemos, investigaban sobre la subida de sueldo impulsada por Pablo Iglesias para los miembros de la ejecutiva, tal como contó en exclusiva LPO. 

En la misiva enviada a la dirección, que salió a la luz este miércoles, Carmona hacía referencia a "graves irregularidades" en materia "financiera, laboral y de limpieza en primarias". Unos hechos que podrían incurrir en "responsabilidades penales y administrativas" para miembros de la ejecutiva y que, según apostaba la misiva, pondrían en cuestión la "legitimidad" de Podemos como organización política. 

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Estas investigaciones cuestionan de lleno los tres asuntos que Podemos ha llevado por bandera desde su nacimiento: la transparencia en financiación, los derechos laborales y la democracia interna. En cuanto al ámbito financiero, los abogados cesados estaban indaganado sobre la subida de sueldos de los líderes de Podemos a su cúpula. 

Aunque todos los portavoces de Podemos presumen de cobrar únicamente tres salarios mínimos y donar el resto al partido, la ejecutiva de Iglesias aprobó en 2017 -después de Vistalegre 2- un incremento salarial que nunca se hizo público por el que se ofrecía un SMI más a sus personas de confianza bajo pretexto de un "plus de resonsabilidad". Algo que sin embargo no estaba regulado en ningún documento. El aumento de salario se concedía arbitrariamente en función de la afinidad con Iglesias e Irene Montero. Algunos de los cargos, como adelantó LPO, rechazaron esta subida, al considerar que se habían comprometido a cobrar únicamente tres salarios mínimos. Este punto, que no implica un incumplimiento legal, entraría a formar parte de lo que los abogados considerar "irregularidades" que comprometerían la "legitimidad" del partido. 

Investigación sobre financiación

En cuanto a la financiación, también han existido denuncias internas en Podemos de cargos públicos por posible fraude fiscal por camuflar como donaciones otros tipos de ingreso. Algunos cuadros de la formación, según ha podido saber LPO, pidieron en los últimos meses un extracto de las donaciones realizadas durante el año para presentarlas a Hacienda. En lugar de las donaciones exactas, la formación les remitía unos recibos con cantidades altamente superiores a las donaciones que se habían hecho efectivas, con unas cantidades que podrían ocultar otro tipo de ingresos. 

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Podemos también tiene luces y sombras en su campaña de microcréditos, una fórmula puesta en marcha para no tener que depender de los préstamos bancarios que sin embargo despierta recelos en el Tribunal de Cuentas, que ha pedido en más de una ocasión regular este tipo de financiación. El pasado octubre, Podemos lanzó una campaña de microcréditos en la que obtuvo su récord histórico, consiguiendo un millón de euros de financiación en sólo 8 días, mientras que en campañas anteriores lo habían logrado en 23. 

Esta circunstancia despertó suspicacias incluso dentro de la formación, donde algunos cuadros apuntaban a que serían empresas satélite vinculadas a dirigentes de la cúpula de Podemos quienes estarían haciendo abultados préstamos a la formación a cambio de obtener contratos. Este medio no ha podido corroborar los hechos ni hay constancia de ningún dato en la página de Transparencia del partido desde diciembre de 2017. 

Para las elecciones de noviembre, Podemos externalizó su campaña de imagen y, según fuentes de la formación, contrató a una empresa vinculada a la formación para elaborar toda la cartelería y el marketing visual. Con esta nueva estrategia, lanzaron docenas de spots de campaña y carteles electorales muy diferenciados de los que habían empleado meses antes, en los comicios de abril. 

[La carta íntegra: "Graves irregularidades financieras, en materia laboral y en limpieza en primarias"]

Fuentes de la formación apuntan a que los trabajos se encargaron a Neurona Consulting, una empresa vinculada con Juan Carlos Monedero, que se habría encargado de la 'pata' audiovisual de la campaña. Esta empresa, a la que Podemos ya recurrió para su campaña en las autonómicas de Alcorcón, está implicada en supuestos casos de corrupción en Bolivia, donde el Gobierno de Evo Morales le habría concedido a dedo un contrato de 1,5 millones de euros.

Sin embargo, tampoco está claro el montante que esta empresa habría recibido para elaborar sus servicios, al no constar en el portal de Transparencia ni en en la página de licitaciones, por la que tienen que licitar servicios que superen el importe de 200.000 euros según la ley de contratación pública. 

Todos estos serían otros elementos que el abogado principal de la formación, José María Calvente, estaría investigando. Sin embargo, habría encontrado la falta de colaboración del resto de responsables de Podemos, tanto por parte de la ejecutiva como el responsable de tesorería, Denis Maguire, persona de total confianza de Iglesias que llegó a asesorarle económicamente para la hipoteca de su polémico chalet en Galapagar. Las lealtades se han impuesto en los últimos dos años como el mecanismos de ascenso y perpetuación en Podemos, y las resistencias por parte del partido habrían impedido continuar las investigaciones internas, tal como denunciaban los abogados en su carta. 

Las primarias, en duda

Calvente es desde los inicios de Podemos el abogado del partido y ha gozado de la máxima confianza de su líder. El letrado lleva las principales causas judiciales que tiene la formación, entre ellas la impugnación de las primarias al Congreso y al Senado. Podemos creó en octubre de 2018 un órgano ad hoc que decidía quién podía o no presentarse en las candidaturas a las primarias del partido. 

El órgano, bautizado como Comité de Seguridad y Salud laboral, apareció de la noche a la mañana el mismo día en que dieron comienzo los procesos internos de los territorios, y tenía como objetivo impedir que cualquier persona se presentara alegando denuncias de acoso laboral u otras razones, sin que éstas estuvieran debidamente probadas. Con esta fórmula se anularon al menos dos candidaturas en Cantabria y La Rioja, donde impidieron a los entonces líderes territoriales -críticos con la dirección- presentarse a la reelección. Los tribunales dieron la razón a los expulsados, pero los tiempos habían pasado y ya no pudieron optar a las elecciones autonómicas.

Sin embargo, no han sido las únicas denuncias internas que se han producido en la formación. Las votaciones se hacen vía telemática y, si Podemos contrataba en sus primeros años a una empresa autónoma para elaborar dichas consultas -Ágora Voting-, desde 2017 la formación prescindió de auditoría alguna y eran los propios empleados a nómina de Podemos los encargados de revisar los procesos de votación en primarias. Algo que despierta las suspicacias debido a la facilidad de manipular este tipo de datos informáticos.