Cataluña
El Gobierno vigila a la patronal independentista que amenaza con un sistema fiscal paralelo
"Existe miedo en el sector empresarial a hablar por las posibles repercusiones económicas con Canadell al frente de la Cámara de Comercio de Barcelona y Torra en la Generalitat", comenta un empresario a LPO

Los empresarios independentistas podrían estar dibujando el boceto de un sistema fiscal paralelo para Cataluña y desde la Secretaría de Estado de Comercio no quitan ojo al presidente de una de las mayores patronales catalanas. El Gobierno de Pedro Sánchez vigila de cerca a la Cámara de Comercio de Barcelona, dirigida por el empresario independentista Joan Canadell. 

La patronal presentó un acto la semana pasada junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, donde expusieron los ejes para avanzar hacia la independencia. Allí se habló de avanzar hacia "un nuevo modelo diferente al que propone el Estado español" para propiciar "la emancipación de la economía catalana" en el horizonte de 2030 a 2040.

Canadell habló de "desarrollar herramientas para un Estado independiente" y de "repensar un nuevo sistema fiscal". Este último mensaje encendió todas las alarmas en Moncloa; en especial en el Ministerio de Industria y en la Secretaría de Estado de Comercio. Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo lleva un tiempo tras la pista de Canadell para evitar que se produzca cualquier tipo de "deslealtad institucional" e incurrir en un posible delito.

A este anuncio de Canadell se ha sumado el del presidente de la Asociación Europea de Cámaras de Comercio (Eurochambres) , Christoph Leitl, quien insta a pedir un concierto económico como el del País Vasco para tener "paz interna" y ser "más fuerte" a nivel internacional. "Si fuera catalán, pediría que me dieran lo mismo que otras regiones de España han recibido en el pasado", aseguró Leitl, amigo de Puigdemont, a la agencia ACN . 

La actitud del Gobierno es de permanecer "vigilante", explican, ante la intención de trabajar para crear un sistema ‘paralelo' de fiscalidad en Cataluña. Mientras sólo difundan la idea sin dar paso a desarrollarla, "todo el mundo es libre de decir lo que piensa", esgrimen las mismas fuentes. Sin embargo, si existiera algún desvío de fondos o cualquier gestión destinada a la consecución de estos fines, se apercibiría y activarían los mecanismos para volver a la legalidad. Las fuentes se remiten al mismo apercibimiento que realizó el ejecutivo llevando el plan de Acción Exterior de Torra ante el Tribunal Constitucional (TC).

Miedo empresarial 

Canadell representa el ala más dura del empresariado independentista. Sus decisiones están generando polémica, incluso en la órbita separatista por el apoyo acérrimo a Puigdemont y Torra. El empresario independentista insiste en que "el modelo económico español condena a los catalanes a la pobreza". El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barcelona que preside Canadell está integrado únicamente por miembros de la candidatura Eines de País y cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). 

La independentista ANC decidió lanzar una campaña, que apoyó Canadell, para boicotear a las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña. La entidad separatista creó una lista negra y desde la patronal catalana Fomento del Trabajo, que preside Josep Sánchez Llibre, se denunció ante los tribunales. "Existe mucho miedo en el sector empresarial a hablar por las posibles repercusiones económicas con Canadell al frente de la Cámara de Comercio de Barcelona y Torra al frente de la Generalitat", comenta un empresario a LPO que prefiere no desvelar su nombre. Esta entidad de derecho público cuenta con un Presupuesto de casi 20 millones de euros.  

Fomento del Trabajo rechazó la petición de LPO para hablar sobre este asunto y desde PIMEC, Pequeñas y Medianas empresas de Cataluña, explican amablemente que no suelen "entrar a valorar estos temas". Desde la Cámara de Comercio de España tampoco quieren pronunciarse pero hablan de "coordinación" y "apoyo firme" a las empresas con el resto de las instituciones para que, de cara al exterior, tengan mayores oportunidades. Por eso, "es importante remar todos a una", señalan. 

Las distintas patronales ya han hecho públicos algunos datos sobre las pérdidas económicas que han provocado los disturbios violentos provocados estos días atrás. El turismo y el transporte son los sectores más perjudicados y los cortes de carreteras cuestan 25 millones diarios. El Ejecutivo de Sánchez todavía no ha dado cifras oficiales sobre cuánto van a costar los destrozos por estos grupos violentos durante las últimas semanas en Cataluña. 

El Gobierno ya recurrió al Supremo el plan de la Generalitat 

El Gobierno central envió en agosto un requerimiento para advertir a la Generalitat que menoscababa las competencias del Estado al "extralimitarse" tras difundir al exterior información errónea sobre el procés. El Plan de Acción Exterior que la Generalitat presentó para los ejercicios de 2019 a 2022 difundía ideas erróneas que faltaban a la lealtad institucional hacia el Gobierno central, según calificó el Ejecutivo. El Govern desatendió el apercibimiento y Moncloa, finalmente, llevó ante el TC el plan de propaganda de Torra. Un plan compuesto por varios dossieres, donde LPO pudo acceder a uno, que hablaba de una "sociedad amordazada" que "criminaliza la disidencia". Desde la Generalitat se envió a los embajadores destinados en el exterior para que explicaran a la prensa extranjera que "han sido condenados por sus ideas democráticas".