Vivienda
La venta de vivienda pública a los 'fondos buitre' divide al PP madrileño
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, presidido por el popular Ignacio Vázquez Casavilla, apoya a los inquilinos en su lucha con Blackstone por la subida de los alquileres. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid rechaza el "intervencionismo propio de la URSS"

El debate sobre la regulación de la vivienda y la presencia de los 'fondos buitre' en el negocio inmobiliario sigue generando un quebradero de cabeza al Partido Popular en Madrid. El partido ha quedado dividido entre las posturas más duras hacia el fondo inversor estadounidense Blackstone y la socimi nacional Fidere, encabezadas por el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez Casavilla, y aquellas más conciliadoras del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una divergencias que ya han generado cruces institucionales entre los dos Gobiernos, ambos del PP.

En Torrejón de Ardoz, el pleno del Ayuntamiento ha votado recientemente una declaración unánime de apoyo a los vecinos afectados por la subida de los alquileres y de "reprobación a la actitud de las empresas Fidere y Lazora". En el punto 5 de la declaración, que lleva la firma del alcalde Vázquez Casavilla y el vicealcalde y portavoz popular José Luis Navarro, se reprueba "la venta de viviendas públicas por parte de la Comunidad a fondos buitre". Una medida por la que han sido cuestionadas las pasadas gestiones del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

En la declaración, se insta también a la Comunidad de Madrid a adoptar una serie de medidas para proteger a los inquilinos, entre ellas la modificación del artículo 18 Reglamento de Viviendas de Protección Pública, "no permitiendo su enajenación a sociedades o fondos de inversión inmobiliaria". Blackstone, que opera en sociedad con Fidere, es el mayor casero de España y cuenta con más de 20.000 viviendas en alquiler.

Vázquez Casavilla no es un líder secundario en el PP madrileño. Es el alcalde más votado del partido en todas las ciudades de España tras ser reelegido en en abril con el 57,54% de los votos y obtener una mayoría absoluta de 19 concejales sobre 27. 

La decisión del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, al noreste de Madrid, responde a las movilizaciones de los vecinos agrupados en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que denuncia subidas de hasta el 100% en los precios del alquiler por parte de Blackstone tras comprar el fondo especulativo "miles de viviendas públicas a precio de saldo" en los últimos años.

Vázquez Casavilla, del PP, es el alcalde más votado de España

Las bruscas subidas se producen una vez finalizado el periodo de protección pública y afectan especialmente a vecinos de distritos como Carabanchel, Torrejón, Getafe, Vallecas o Tres Cantos. En el Ayuntamiento de Getafe, de hecho, se está avanzando hacia una declaración similar a la de Torrejón y no se descarta que el PP local, presionado por los vecinos afectados, adopte una postura similar a la de Vázquez Casavilla a pesar de estar en la oposición al gobierno local socialista.

El debate en la Asamblea de Madrid

En este contexto, representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han concurrido a la Asamblea de Madrid a fines de la semana pasada para "avanzar un escalón más" y pedir medidas para atacar la problemática. La acción se enmarca en la campaña que ha lanzado bajo el lema "Madrid vs. Blackstone" y que ha incluido diferentes movilizaciones y acciones judiciales.

Las autoridades de la Comunidad de Madrid, sin embargo, se resisten a emitir declaraciones como las del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz o a modificar el Reglamento de Viviendas de Protección Pública. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido que en "ningún caso" venderá viviendas a 'fondos buitre' y ha ratificado su apuesta al Plan Vive Madrid para crear unas 25.000 viviendas protegidas en los próximos ocho años, así como promover deducciones fiscales para los arrendadores.

En el debate en la Asamblea, Díaz Ayuso ha tenido que escuchar las duras apelaciones de los legisladores de izquierda, que exigieron la creación de una mesa de negociación entre los inquilinos afectados y los fondos para evitar que cientos de personas deban dejar su vivienda. Sin embargo, en la Comunidad se resisten a intervenir en los precios del alquiler. 

"Una de cada cuatro viviendas protegidas entregadas en España se ha entregado en la Comunidad de Madrid en los últimos 15 años. En materia de vivienda protegida y de compromiso con ese derecho, muy pocos pueden cuestionar a la Comunidad de Madrid con sus Gobiernos de los últimos años", dijo el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, en el último pleno.

En una reciente entrevista con ABC, Pérez consideró que "regular el precio de los alquileres es un intervencionismo propio de la URSS". Y tampoco quiso calificar de un error la venta de vivienda pública a fondos de inversión en las administraciones anteriores del PP en la Comunidad. "Más que hablar del pasado, tengo que hablar del presente. Nosotros no vamos a optar por la venta de viviendas protegidas durante este mandato".