Plan Energía y Clima
El desorden regulatorio amenaza el Plan Marshall energético de 200.000 millones
Pedro Sánchez presentó ante inversores de Wall Street el plan 2021-2030 para mover al país a un entorno energético más ecológico y con menor dependencia de la importación

 BlackRock, Morgan Stanley, Blackstone, Bridgewater Associates, Brookfield Asset Management, Soros Fund Manager, Centerbridge Partners o Global SWF son sólo algunos de los fondos de inversión internacionales que a finales de septiembre se sentaron en Nueva York con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para escuchar su diagnóstico sobre el futuro de la economía española.

Un futuro por el que los inversores internacionales se mostraron especialmente preocupados, ante la dificultad para prever el horizonte político y regulatorio. Estos factores son esenciales para asegurar inversiones a medio y largo plazo en los fondos con presencia en el sector energético y de infraestructuras, que lo que más temen son cambios con el margo legal.

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El Gobierno en funciones presentó ante estas grandes firmas de Wall Street un Plan Marshall energético para los próximos 12 años, llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, con el objetivo de movilizar más de 200.000 millones de euros en inversiones (exactamente, 236.124), de las que cerca de un 80% serán de capital privado. Todo para la transición energética, cuya transformación ha merecido un ministerio propio.

Pero el panorama está lejos de ser estable: poco antes del verano, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó los borradores de reforma energética que contemplan, entre otras cosas, fuertes recortes en la retribución al sector gasista y, en menor medida, del eléctrico, un asunto que ha puesto en pie de guerra a las compañías y ha levantado las alarmas entre los inversores. Además, este organismo está inmerso en un complejo proceso de renovación de 6 de sus 10 consejeros, incluido su presidente, que podría trabar la reforma energética.

Un panorama que complica que los inversores aterricen en España en uno de los pocos vectores de crecimiento indiscutibles que se vislumbran de manera global. En el país, y en el resto del mundo. La energía, el cambio climático, la descarbonización, las renovables, la sustitución del petróleo... son cuestiones marcadas en las agendas internacionales con fechas concretas.

Pero España continúa en una situación de bloqueo político (cuartas elecciones generales en menos de cuatro años) y, por, tanto, institucional. Todas las encuestas coinciden en señalar que tampoco surgirá un Gobierno fuerte tras la consulta de noviembre, por lo que ¿sería posible repetir elecciones en 2020? Así lo han afirmado en medios expertos demoscópicos, como Narciso Michavila. Semejante situación hace temer tanto a empresas como a inversores por la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio.

Pedro Sánchez intentó calmar a los mercados internacionales, pero mientras tiene que capear con una CNMC en plena recomposición, dictando borradores que tendrán un gran peso en las decisiones de esos mismos inversores. Conviene recordar que el presidente en funciones llegó a definir esta transformación como "una transición ecológica justa" o "una nueva ilustración ecológica" que "marcará un punto de inflexión para España".

Pedro Sánchez necesita atraer más de 150.000 millones de euros en inversiones en energía a largo plazo, pero mientras hace ese esfuerzo tiene que capear con la inestabilidad que transmite una CNMC en plena recomposición, dictando borradores que tendrán un gran peso en las decisiones de esos mismos inversores.

Además de los inversores, son numerosos los expertos que llaman a acabar con los vaivenes regulatorios de un sector tan sensible y permeable a las inversiones como el energético. La reforma energética de la CNMC será decisiva para consolidar (o no) décadas de inversiones constantes que han permitido, entre otras cosas, convertir a España en uno de los principales países en calidad de suministro gasista. Y no sólo los fondos de inversión están a la espera, las propias compañías energéticas han tomado cartas en el asunto. Si no hay un escenario claro y estable, las reclamaciones legales, la presión de los lobbies, se desatarán, generando una complicada espiral.

Una situación que se produce en medio de la desaceleración económica al que se enfrenta España y Europa, en el que cualquier vaivén regulatorio tiene doble impacto, interno para las empresas y el empleo en España y externo para los inversores internacionales. La creación de empleo en España, a través de la filiación a la Seguridad Social, sufrió el pasado mes de septiembre un brusco frenazo con la menor subida desde septiembre de 2013.

Transición energética, pero ¿cómo?

La transición energética será uno de los drivers de crecimiento en España, con el horizonte puesto en 30 años. Sin embargo, "a día de hoy, todavía existe cierta incertidumbre sobre cómo será exactamente el sistema energético descarbonizado en 2050. Es necesario establecer un marco político y regulatorio que permita lanzar el proceso de descarbonización ya en la actualidad", señalaba recientemente Walter Boltz, experto en regulación y miembro de la Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).

El secretario General de Eurogas, James Watson, afirma tajante que "más que nunca deberíamos invertir en nuestras redes de distribución de gas para garantizar que puedan suministrar los gases renovables y el hidrógeno del nuevo sistema", contribuyendo así a los objetivos de la descarbonización. Hablar de descarbonización es hablar de menos emisiones y efectos del calentamiento global mitigados. Y de nuevas inversiones en redes, algo sobre lo que España ya tiene un largo historial.

Por su parte, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, prometió implantar leyes concretas en sus primeros 100 días de mandato para conseguir una Europa neutra en carbono para 2050. Con apoyos desde Bruselas a las energías más sostenibles. Por tanto, el reloj está en marcha. En todas partes menos, parece, en España. Habrá que ver si pasado el 10 de noviembre se clarifica el escenario.

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