Conflicto Catalán
Vox denuncia que Marlaska deniega escoltas a sus diputados de Cataluña
El partido de Abascal afirma que varios de sus diputados no son considerados como sujetos de riesgo por Interior. En el Gobierno aseguran que se estudia "cada caso que lo solicita".

Sin escolta pese a concurrir factores de riesgo que, según ellos, podrían comprometer su seguridad. Así viven los miembros de Vox en Cataluña, que si disponen de algún tipo de seguridad es de forma privada y no a cuenta de las arcas públicas. Denuncian que el Ministerio del Interior no les ofrece esta protección pese a que el partido de Santiago Abascal ha ejercido como acusación particular durante el juicio del procés

Las movilizaciones previstas tras esta sentencia histórica aumentan la preocupación en la formación, más aún después de la detención de varios miembros de las CDR que tenían previsto atentar contra el Parlament.  

En Vox creen que la movilización independentista ha descendido, pero consideran que 'la violencia va in crescendo': "Son menos, pero más violentos", afirman.

Las fuentes consultadas por LPO denuncian que nunca han tenido seguridad a cuenta del Ministerio del Interior. "El único que dispone de protección oficial [en Vox Cataluña] es Ignacio Garriga, diputado en el Congreso por Barcelona", sentencian. Los demás miembros que están expuestos al complejo escenario catalán tienen que sufragar la seguridad de su propio bolsillo o a costa del partido.

Marlaska prepara una "respuesta proporcionada" a las posibles protestas por la sentencia del procés

"Cada vez que salimos a la calle con una carpa nos pasa de todo. Lo menos grave es que nos lancen piedras, adoquines enteros incluso. A mí hace poco me enviaron al hospital", relata un miembro de la formación en Barcelona. "Hay Policía -apostilla- pero tenemos que ir con mucho cuidado". 

Santiago Abascal e Ignacio Garriga en un acto de vox en Barcelona.

Los de Abascal consideran que el movimiento independentista está "pinchando" y que cada vez tiene menos apoyos, pero también creen que "la violencia va in crescendo". "Son menos, pero más violentos", opinan. Y agregan: "una cosa es que alguien te insulte y otra que veas que se acercan 20 a la vez, porque se envalentonan". 

Pero no solo la parte catalana de Vox va sin seguridad pública. En Madrid, también se le ha sido denegada a altos miembros de la dirección del partido, según ha podido confirmar LPO. "Nosotros somos acusación particular en el juicio del procès y la sentencia llegará pronto", señalan, dejando caer que temen actos violentos en los que pueda peligrar su seguridad.

Evaluación caso a caso

En el Ministerio del Interior, por su parte, no ofrecen información sobre los políticos que disponen de seguridad que debe ser proveída por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No podemos informar por razones, precisamente, de seguridad", explican a LPO. 

Respecto al sistema por el que se decide quién sí y quién no corre riesgo de ser atacado, en el departamento de Marlaska relatan que siempre ha habido cargos institucionales con protección incluida, como son los relativos a los correspondientes ministerios, mientras que en el resto de casos se estudia cada situación en particular. 

En Interior explican que existen ciertos cargos públicos con protección incluída como son los correspondientes a  ministerios y otros como los diputados que se estudian caso por caso

"Si alguien informa a Policía o Guardia Civil de alguna incidencia -como que ha recibido amenazas, por ejemplo-, las fuerzas de seguridad elevan dicha situación al Ministerio y allí se evalúan los riesgos y si es necesario o no ofrecer protección a esa persona", especifican. 

En cualquier caso, pese a que ha habido momentos en los que se ha reforzado la seguridad de forma genérica -como ocurrió en 2017, por ejemplo, para proteger a los candidatos de los partidos constitucionalistas en campaña- , en Interior niegan que esté previsto el despliegue de un dispositivo especial ni por la inminente sentencia del procès ni por la convocatoria electoral del 10-N.

Sí aclaran, en cualquier caso, que parte de la subvención pública que reciben los partidos por obtener representación parlamentaria en las citas electorales ya se destina específicamente a seguridad. En concreto, según los últimos presupuestos aprobados (y aún en vigor por la doble prórroga de los mismos), los partidos cuentan con una "financiación ordinaria" de casi 53 millones y otros 2,7 millones para "gastos de seguridad".